Criptomonedas en Argentina: guía para comprar 2026

El marco actual arranca con la Ley 27.739, publicada en el Boletín Oficial en marzo de 2024, que incorporó la figura de Proveedor de Servicios de Activos Virtuales (PSAV) al ordenamiento penal y mercado de capitales. Un PSAV es toda persona humana o jurídica que, como negocio, intercambia cripto por pesos u otras monedas, permuta activos virtuales, transfiere o custodia claves por terceros. La ley centralizó en la Comisión Nacional de Valores (CNV) el registro, la supervisión y la potestad sancionadora sobre esos proveedores, en línea con estándares internacionales de transparencia y prevención de lavado de activos.

La Resolución General 1058/2025 de la CNV desarrolla la reglamentación: obliga a inscribirse en el Registro de PSAV antes de operar comercialmente, exige segregación de activos de clientes, políticas de ciberseguridad, divulgación clara de riesgos y mecanismos de atención al usuario. Las solicitudes se presentan por la plataforma Trámites a Distancia (TAD). Los PSAV inscriptos deben informar su número de registro en canales digitales. Operar servicios comerciales de cripto sin inscripción cuando corresponde puede derivar en sanciones administrativas.

Es importante no confundir marcos: MiCA, el reglamento europeo de criptoactivos, no reemplaza la Ley 27.739. Un exchange argentino PSAV responde ante la CNV; una plataforma europea con licencia MiCA responde ante su supervisor de origen (por ejemplo, la CNMV en España). Para el inversor argentino que usa ambos, la pregunta relevante es con qué entidad contratás, dónde custodian tus activos y qué vías de reclamo tenés si algo falla.

La CNV aclara que no regula los activos virtuales en sí —salvo que encuadren como valores negociables bajo la Ley 26.831— sino a quienes prestan servicios sobre ellos. Eso no elimina el riesgo de mercado: USDT puede perder la paridad, Bitcoin puede caer un 30 % en un mes. Sí reduce, en parte, el riesgo de contraparte cuando elegís PSAV inscriptos con custodia segregada y controles publicados. Recomendación educativa —no asesoramiento legal—: verificá el registro, leé términos de custodia y desconfiá de plataformas que prometen rendimientos fijos sin licencia.

La AFIP publicó criterios en su micrositio de Economía Digital: los criptoactivos están alcanzados por el sistema impositivo argentino. Cuando vendés o permutás —por ejemplo, Bitcoin por USDT o USDT por pesos—, podés generar una ganancia o pérdida imponible en el Impuesto a las Ganancias. Para personas humanas, la enajenación suele encuadrarse como renta de segunda categoría con alícuota cedular según fuente y modalidad de la operación (información educativa; verificá el criterio vigente en afip.gob.ar).

Además, las tenencias al 31 de diciembre pueden integrar el Impuesto sobre los Bienes Personales. La AFIP indicó que se declaran en la categoría «Monedas digitales, monedas virtuales, criptoactivos o similares», valuados al costo de adquisición más actualizaciones previstas —no necesariamente al precio de mercado del momento. Eso puede generar diferencias entre valor fiscal y valor económico de tu cartera.

Las permutas sorprenden a quienes creen que «solo tributo cuando paso a pesos»: cambiar ETH por USDT implica enajenar ETH al valor de mercado del instante. Staking, earn o airdrops también pueden devengar obligaciones según el producto. Llevá registro cronológico —fecha, activo, cantidad, cotización, comisiones— y exportá CSV de tus exchanges. La AFIP cruza información con operadores y refuerza controles; el costo de no declarar subió en los últimos años.

Esta sección es educativa y no sustituye el criterio de un contador público ni las resoluciones vigentes. Ante dudas, consultá afip.gob.ar/economia-digital/criptoactivos y un profesional matriculado antes de presentar declaraciones juradas.