Criptomonedas en Paraguay: guía para comprar 2026

Paraguay aborda las criptomonedas sin ley fintech integral —un proyecto fue vetado en 2022— pero con un marco LA/FT activo: la SEPRELAD incluye a PSAV (exchanges, custodios y granjas de minería) como sujetos obligados desde la Resolución N.º 08/2020 y el Reglamento N.º 314/2021. El BCP no emite ni supervisa cripto como moneda de curso legal; advierte volatilidad y ausencia de respaldo estatal. Comprar, vender o custodiar activos digitales sigue siendo legal para particulares que elijan proveedores identificables.

El peso normativo recae en prevención del lavado de activos y financiamiento del terrorismo (LA/FT): registro ante SEPRELAD, manual de cumplimiento, oficial de cumplimiento, debida diligencia de clientes y reporte de operaciones inusuales. Las operaciones de minería industrial negociadas con ANDE entran en el mismo ecosistema de PSAV que un exchange retail en Asunción —no hay licencia tipo MiCA europea, pero sí trazabilidad AML/CFT.

Para quien opera desde guaraníes o dólares en Ciudad del Este, el KYC no es burocracia abstracta: filtra captadores que prometen «arbitraje USDT» o rentabilidad ligada a Itaipú. Antes de depositar, verifica registro SEPRELAD, políticas publicadas y segregación de fondos cuando se anuncie; desconfía de quien evite identificación o pida transferencias a cuentas personales.

Proyectos legislativos sobre criptominería y regulación integral han sido debatidos en el Congreso —incluido un veto en 2022 por riesgos asociados—, pero hasta 2026 no hay una señal clara de aprobación inminente de una ley fintech cerrada. Mientras tanto, operar con proveedores locales o internacionales exige diligencia propia: leer términos de custodia, verificar segregación de fondos cuando se anuncie y no confundir cumplimiento AML con seguro contra caídas de mercado. Esta sección es educativa y no constituye asesoramiento legal.

La DNIT (Dirección Nacional de Ingresos Tributarios) no disponía hasta 2026 de un capítulo exclusivo «criptomonedas» en la ley tributaria, pero aplica las normas generales del Impuesto a la Renta a las ganancias por enajenación de criptoactivos. La venta de criptomonedas está exonerada del IVA cuando se trata de enajenación de bienes incorporales por particulares; las comisiones por servicios de intermediación, en cambio, pueden tributar IVA según el supuesto.

El hito de 2026 es la Resolución General DNIT N.º 47/2026, de 10 de marzo, que establece la obligación de suministrar información sobre transacciones con criptoactivos —criptomonedas, stablecoins, utility tokens, NFTs y otros tokens digitales—. Son sujetos obligados los administradores de plataformas que operen en Paraguay y las personas físicas o jurídicas locales cuyas operaciones anuales superen USD 5.000, incluyendo transacciones vía plataformas extranjeras o sin intermediarios. La presentación es la Declaración Jurada Informativa 959-DJI en el sistema Marangatu, al tercer mes del cierre fiscal; para cierres al 31 de diciembre, aplica desde el ejercicio 2026.

Las permutas —cambiar Ethereum por USDT, por ejemplo— también pueden implicar una ganancia o pérdida patrimonial en el instante del intercambio, aunque no hayas convertido a guaraníes. Pagar bienes o servicios directamente con cripto sigue la misma lógica: hay una transmisión valorada al precio de mercado. Llevar un registro cronológico (fecha, cantidad, precio en PYG o USD, comisiones, hash de transacción) es la mejor defensa ante una fiscalización reforzada por la nueva DJI.

Incumplir la presentación de la DJI puede derivar en multas por contravención —la resolución prevé sanciones de hasta G. 1.000.000 por presentación fuera de plazo— además de otras responsabilidades tributarias. Si realizas pocas operaciones al año por debajo del umbral, una hoja de cálculo puede bastar; si operas con frecuencia o superas USD 5.000, solicita la obligación 959-DJI en tu RUC y consulta un contador. Esta sección es educativa y no sustituye criterio profesional ni la consulta en www.dnit.gov.py.